Una veintena de ONG denuncia ante la ONU los recortes sociales del Gobierno.
El Gobierno sigue adelante con su política de austeridad, pero cada vez con más oposición de la sociedad civil. Hasta 20 organizaciones no gubernamentales se han unido en una iniciativa sin precedentes para denunciar este lunes ante la mismísima ONU los recortes sociales que está llevando a cabo el Ejecutivo.
Estos colectivos denunciarán en Ginebra que "en España no se protegen los derechos sociales" y se aplican "medidas regresivas y discriminatorias", como el reciente paquete de ahorro sanitario.
Este lunes y martes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas examina a España para analizar su grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que nuestro país ratificó en 1977. La última vez que el Estado español rindió cuentas ante este Comité fue en 2004.
Las ONG se han presentado en esta especie de juicio a las políticas sociales españolas como si fueran la acusación particular. El Defensor del Pueblo también irá a Ginebra, pero como si fuera un testigo. El Comité emitirá el próximo día 20 sus recomendaciones, que no son vinculantes, pero sí dejan en evidencia al Estado español, que, según fuentes jurídicas, suele tener en cuenta las consideraciones de la ONU.
La queja la ponen colectivos de distinta condición. Hay ONG como Médicos del Mundo, Save the Children, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España o la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Pero también hay colectivos LGTB, como la Fundación Triángulo; asociaciones ciudadanas, como la Fundación Secretariado Gitano, o federaciones de pacientes, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Estos colectivos han aportado dos informes alternativos al documento de defensa gubernamental en los que se pone de manifiesto que España está entre los países de la UE que destinan una menor proporción de sus ingresos al gasto público social o que se encuentra casi el último de la lista (por debajo de Rumanía) en ayudas a las familias.
Las medidas de austeridad fiscal, según denuncian las ONG, "no sólo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el pacto internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales", informa Efe.
Asimismo, destacan "el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población y las importantes repercusiones que tendrán en el disfrute de los derechos humanos", la "elevada tasa de pobreza infantil" o "el enorme porcentaje de desempleo juvenil, de casi el 50%".
Amnistía Internacional ve en un informe "con preocupación" los recortes en la sanidad pública, que, subraya, pueden "agravar la situación y menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de la salud".
Estos colectivos denunciarán en Ginebra que "en España no se protegen los derechos sociales" y se aplican "medidas regresivas y discriminatorias", como el reciente paquete de ahorro sanitario.
Este lunes y martes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas examina a España para analizar su grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que nuestro país ratificó en 1977. La última vez que el Estado español rindió cuentas ante este Comité fue en 2004.
Las ONG se han presentado en esta especie de juicio a las políticas sociales españolas como si fueran la acusación particular. El Defensor del Pueblo también irá a Ginebra, pero como si fuera un testigo. El Comité emitirá el próximo día 20 sus recomendaciones, que no son vinculantes, pero sí dejan en evidencia al Estado español, que, según fuentes jurídicas, suele tener en cuenta las consideraciones de la ONU.
La queja la ponen colectivos de distinta condición. Hay ONG como Médicos del Mundo, Save the Children, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España o la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Pero también hay colectivos LGTB, como la Fundación Triángulo; asociaciones ciudadanas, como la Fundación Secretariado Gitano, o federaciones de pacientes, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Estos colectivos han aportado dos informes alternativos al documento de defensa gubernamental en los que se pone de manifiesto que España está entre los países de la UE que destinan una menor proporción de sus ingresos al gasto público social o que se encuentra casi el último de la lista (por debajo de Rumanía) en ayudas a las familias.
Las medidas de austeridad fiscal, según denuncian las ONG, "no sólo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el pacto internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales", informa Efe.
Asimismo, destacan "el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población y las importantes repercusiones que tendrán en el disfrute de los derechos humanos", la "elevada tasa de pobreza infantil" o "el enorme porcentaje de desempleo juvenil, de casi el 50%".
Amnistía Internacional ve en un informe "con preocupación" los recortes en la sanidad pública, que, subraya, pueden "agravar la situación y menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de la salud".
Cerca de 19.000 congoleños huyen de sus hogares en los últimos seis días.
Un total de 19.000 personas han abandonado sus hogares en la región oriental de la República Democrática del Congo (RDC) en los últimos seis días, lo que suman unas 300.000 personas desde el inicio del año.
En rueda de prensa, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Adrian Edwards, explicó este viernes que sólo desde el pasado domingo un total de 19.000 personas han abandonado la ciudad de Goma (este de RDC), huyendo de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados.
Asimismo, agregó que hasta la noche del jueves al menos 4.100 personas buscaron refugio en la vecina Ruanda, donde ACNUR está proporcionando ayuda humanitaria esencial.
La oficina de ACNUR en Ruanda informó de que, desde el pasado fin de semana, una media de 1.000 personas al día cruza de Goma, en su mayoría mujeres, niños y ancianos procedentes de Masisi y Walikale, dos ciudades situadas más al oeste que Goma.
El número total de desplazados en la RDC es de 2 millones de personas, de las cuales 1,4 millones se encuentran en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el este del país.
A su vez, la mayoría de los desplazados se encuentran en Kivu del Sur, a donde 220.000 personas han huido en los primeros tres meses del año de los enfrentamientos entre la milicia Mai Mai y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda.
En Kivu del Norte, los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados se intensificaron en abril y forzaron la marcha de 58.000 personas entre enero y marzo.
En rueda de prensa, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Adrian Edwards, explicó este viernes que sólo desde el pasado domingo un total de 19.000 personas han abandonado la ciudad de Goma (este de RDC), huyendo de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados.
Asimismo, agregó que hasta la noche del jueves al menos 4.100 personas buscaron refugio en la vecina Ruanda, donde ACNUR está proporcionando ayuda humanitaria esencial.
La oficina de ACNUR en Ruanda informó de que, desde el pasado fin de semana, una media de 1.000 personas al día cruza de Goma, en su mayoría mujeres, niños y ancianos procedentes de Masisi y Walikale, dos ciudades situadas más al oeste que Goma.
El número total de desplazados en la RDC es de 2 millones de personas, de las cuales 1,4 millones se encuentran en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el este del país.
A su vez, la mayoría de los desplazados se encuentran en Kivu del Sur, a donde 220.000 personas han huido en los primeros tres meses del año de los enfrentamientos entre la milicia Mai Mai y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda.
En Kivu del Norte, los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados se intensificaron en abril y forzaron la marcha de 58.000 personas entre enero y marzo.
La ONU analizará el impacto de las políticas migratorias de la UE
El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeu, realizará un estudio durante un año en el que analizará si se respetan los derechos de los inmigrantes en la región euromediterránea.
"El propósito de este estudio es examinar los mecanismos y enfoques implementados por la Unión Europea en relación a la migración y determinar el impacto que estas políticas dictadas en Bruselas tienen en la vida de los inmigrantes que intentan cruzar las fronteras", explicó Crépeu en un comunicado difundido hoy.
El estudio incluirá un examen de las directivas de la Unión Europea (UE) y de las políticas nacionales en relación al régimen de obtención de visados, controles fronterizos, normas de detención e internamiento, retornos y readmisiones.
"A pesar de que la emigración y la inmigración no es un fenómeno nuevo, desde 1990 la región ha visto un aumento considerable de los movimientos migratorios", justificó el relator.
Para elaborar el informe, el relator irá primero a Bruselas, donde estará del 7 al 9 de mayo, y posteriormente visitará Turquía y Túnez (países de tránsito) y Grecia e Italia (puertas de entrada a la UE).
En estos últimos países, Crépeu quiere visitar centros de recepción, refugios y puestos fronterizos y se entrevistará
Cuando el informe esté listo, se presentará al Consejo de Derechos Humanos en su sesión de junio de 2013
"El propósito de este estudio es examinar los mecanismos y enfoques implementados por la Unión Europea en relación a la migración y determinar el impacto que estas políticas dictadas en Bruselas tienen en la vida de los inmigrantes que intentan cruzar las fronteras", explicó Crépeu en un comunicado difundido hoy.
El estudio incluirá un examen de las directivas de la Unión Europea (UE) y de las políticas nacionales en relación al régimen de obtención de visados, controles fronterizos, normas de detención e internamiento, retornos y readmisiones.
"A pesar de que la emigración y la inmigración no es un fenómeno nuevo, desde 1990 la región ha visto un aumento considerable de los movimientos migratorios", justificó el relator.
NO discriminación y dignidad
Hizo un llamamiento a la comunidad internacional a "asumir un discurso equilibrado sobre migración basado en la igualdad de derechos, la no discriminación y la dignidad".Para elaborar el informe, el relator irá primero a Bruselas, donde estará del 7 al 9 de mayo, y posteriormente visitará Turquía y Túnez (países de tránsito) y Grecia e Italia (puertas de entrada a la UE).
En estos últimos países, Crépeu quiere visitar centros de recepción, refugios y puestos fronterizos y se entrevistará
Cuando el informe esté listo, se presentará al Consejo de Derechos Humanos en su sesión de junio de 2013
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